La PC no cuenta de antemano con una barrera así. Lo más probable es que se establezca un nuevo mecanismo mediante el cual, el ejecutable de desinstalación de un juego traiga consigo varios códigos de instalación para siguientes compradores. Sólo hasta que el primer comprador complete el proceso de desinstalación del juego para venderlo, se liberará el siguiente código de instalación. Cada código podrá ser usado sólo una vez y para garantizarlo, al momento de instalar, será necesario estar conectado a Internet. Es únicamente una idea, pero de cualquier manera, tendrá que implementarse algún tipo de candado y quizá no sea sencillo.
Otra particularidad a resolver es qué pasará con los juegos freemium o los MMO, dado que en este caso, además de hacer un primer pago por el software en sí, se cubre una cuota mensual de suscripción y/o se compran componentes y aditamentos paulatinamente. Expertos en la materia aseguran que no habrá problema, dado que el valor a largo plazo de dichos juegos radica en la oferta de un servicio permanente cuyo control siempre está en manos del productor/distribuidora, y para la compraventa del programa de instalación aplicaría el mismo proceso propuesto en el párrafo anterior.
¿Y las actualizaciones? Probablemente esa sea la pregunta más inquietante de todo el asunto, ya que las distribuidoras pueden decir con cierta razón que, ya con parches correctivos y DLC, un título deja de ser el mismo y cuando pasa a manos de otra persona, se convierte técnicamente en un producto nuevo. La Corte Europea no ofreció una solución clara, y habrá problemas, pues los títulos digitales, especialmente en PC, suelen distribuirse en versiones no terminadas, comúnmente referidas como Alfa o Beta. Esto conduce por un rumbo donde el costo de un juego podría tener que fraccionarse en proporción a lo que cuesta cada actualización, por mínima que esta sea, y vaya que eso suena poco práctico.
Un detalle más que quedó colgando fue el de los videojuegos móviles para tablets, teléfonos y demás. Tendrá que establecerse forzosamente una estructura que dé a los consumidores la libertad de transferir este tipo de títulos, pero ¿cómo? Lo más razonable es que aquí también se considere un sistema por códigos, complicando otro poco las cosas.
En fin, el caso Oracle Vs. UsedSoft dejó muchos signos de interrogación sobre las cabezas de las distribuidoras, pero una cosa parece segura: si la lógica prevalece, tarde o temprano la compraventa de software digital se legalizará a nivel mundial. Si Origin o Valve quieren impedirlo, entonces tendrán que cobrar menos, porque sus argumentos actuales llevan a concluir que en realidad no venden sus juegos, sino qué más bien los rentan de forma permanente por más absurdo que esto pueda sonar, y valiéndose de ese tecnicismo quieren evitar que ejerzamos el derecho de recuperar nuestra inversión completa al revenderlos.
Otro escenario es que las grandes compañías de videojuegos acepten la reventa digital de software de una vez y le saquen provecho, ofreciendo un servicio de transacción entre usuarios por el cual puedan cobrar. Ahora bien, tanto el desarrollo de dicho sistema, como el citado mecanismo de códigos, tendrán un costo de creación y mantenimiento que se verá reflejado en el precio final de los juegos, vaya, habrá que pagar más.
Una consecuencia más será la de la eventual desaparición de promociones como la Steam Summer Sale, a no ser que surja una forma de evitar que los jugadores revendan sus títulos a un precio libre. De lo contrario, se dará pie a que los consumidores adquieran juegos rebajados y terminen revendiéndolos a precio regular, lo que traerá pérdidas muy reales para las distribuidoras. Suena restrictivo, sí, pero no sólo se trata de dar libertades y fastidiar a las compañías. Hay que pensar en el equilibrio de toda la industria para que ésta se mantenga saludable.
Resta dar pasos importantes en materia de regulación, antes de que la reventa de juegos digitales usados pueda ser algo cotidiano, pero el momento está cerca. Tan es así, que la cadena GameStop ya alzó la mano para demostrar su interés. Sí, seguramente la reventa digital impactará en los precios y las distribuidoras se desgarrarán las vestiduras culpándola de la crisis, pero la más elemental lógica indica que éste debe ser un derecho al que todos los consumidores de entretenimiento electrónico digital tengan acceso.
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