A través de un comunicado, el Senado de la República dio a conocer que se aprobó llevar a cabo reformas con las cuales se establecerá una clasificación mexicana de los videojuegos. Como recordarás, este polémico proyecto legislativo fue traído la semana pasada a discusión por una diputada del PRI.

La clasificación le corresponderá la Secretaría de Gobernación (Segob), quien tendrá la facultad de “vigilar que el contenido de los videojuegos se mantenga dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública, a la dignidad personal y al interés superior de la niñez y no ataque los derechos de terceros”.

Los legisladores del PRI y del PVEM, los principales impulsores de esta iniciativa, explicaron que el dictamen tiene como propósito vigilar el contenido de los videojuegos “como una medida que contribuya a proteger el interés superior de la niñez”, y como sustento de sus propuestas los senadores presentaron en el Congreso diversos estudios de universidades que indican que los videojuegos incrementan los comportamientos agresivos en los individuos.

Lo que se pretende, según el comunicado del Senado, es dar facultades a la Segob para que se realice las clasificaciones de los juegos en México y que éstas se encuentren en el producto, en idioma español, y que todos los mexicanos puedan tener claro qué artículo le están comprando a los niños.

El dictamen fue aprobado con 84 votos a favor y una abstención y se prevé que las clasificaciones emitidas por la Segob sea parecidas a las de películas (AA, A+7, B+12, B+16, C y D), así como que la venta de los juegos para mayores de 18 (C y D) quede estrictamente prohibida sin la presentación de la identificación que acredite la mayoría de edad.

Sin duda uno de los efectos más visibles es la adición de un paso burocrático en el cual los distribuidores tendrán que pagar para ser avalados y clasificados por la Segob, lo cual podría traer consecuencias a los tiempos de localización o incluso en el precio final del producto. También se proponen sanciones para los establecimientos que no sigan los lineamientos, las cuales consisten en multas económicas y en clausura de tiendas.

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