A lo largo de las últimas semanas, el tema en boga en redes sociales y otros canales ha sido el de la iniciativa de leyes secundarias para la Reforma de telecomunicaciones presentada ante el Congreso por el poder Ejecutivo de la Nación el pasado 24 de marzo de 2014. Esto se debe a que algunos componentes del documento dejan abierta la puerta para censura en Internet y en medios de comunicación tradicionales, pero Ubisoft descubrió que la propuesta también tiene implicaciones en el ámbito de los videojuegos en México, toda vez que contempla la creación de una clasificación nacional de videojuegos, sin cuyo aval será imposible promocionar títulos en radio y televisión.
Lo anterior queda de manifiesto en el artículo quinto transitorio de la propuesta, el cual establece la imposibilidad de los concesionarios de radiodifusión y de televisión o audio restringidos para promocionar videojuegos que no hayan sido clasificados de acuerdo con la normatividad aplicable. Esta deberá ser expedida por el Ejecutivo Federal dentro del plazo referido, es decir, durante los 180 días posteriores a su expedición.
En pocas palabras, los juegos en México serán objeto de una clasificación gubernamental sin la cual no podrán promocionarse. Eso se presta para pensar en trámites, tiempo y costos adicionales, lo que en última instancia podría suponer precios mayores e incluso un desfase en los lanzamientos respecto a otros mercados. La propuesta será votada en la Cámara de Senadores el jueves 24 de abril de 2014 a las 18:00 PM (hora del centro de México, GMT-6).
Respecto a esto, Ubisoft ha planteado una serie de válidas interrogantes que los videojugadores mexicanos bien deberían considerar, como qué autoridades tendrán la capacidad para clasificar videojuegos y por qué su opinión será más adecuada que la de la ESRB, sin mencionar el hecho de que esta reglamentación se plantee en un proyecto legislativo de telecomunicaciones, lo cual se presta para suspicacia.
Dicho lo anterior, también hay que conceder que el nivel de eficacia de la clasificación ESRB en México se desconoce y con su carácter de extranjera, no sería raro que fuera poco comprendida por los consumidores nacionales.
Es necesario, entonces, que antes de impulsar una clasificación mexicana, se conduzca un estudio sobre qué tan necesario es esto o si la normatividad de la ESRB está fallando y, por tanto, es preciso suplantarla con una reglamentación local.
En cuanto a la capacidad de las autoridades para clasificar videojuegos, hay motivos de preocupación. Apenas en diciembre de 2013 informamos sobre la asambleísta del PRD, María del Rosario Merlín García, que pugnaba por la reglamentación de los videojuegos en nuestro país, pues México ocupaba "el nada honroso primer lugar en videojuegos."
La declaración no solamente expuso desconocimiento en materia de entretenimiento electrónico, dado que México ocupa el 6.° lugar en consumo, sino también un grado de prejuicio que resulta inapropiado cuando pensamos que serán estas mismas autoridades las que impongan clasificaciones.
Al margen de lo anterior, queda claro que la iniciativa de ley precisa especificidad, pues de momento parece guiada más por un afán de burocratización que por uno de genuina necesidad y no se contempla el efecto que su entrada en vigor podría tener en el mercado.
A finales de 2012, Carlos Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México presentó el proyecto para la creación de la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos, aludiendo al impacto nocivo que esta forma de entretenimiento tiene en la ocupación del tiempo libre y el aprendizaje. Nuevamente se advierte prejuicio.
Pero, de nuevo, regresemos un poco: en octubre del año pasado, diputados del PRI y el PRD consideraron la opción de gravar el consumo de videojuegos.
En resumen, no se trata de rechazar la reglamentación sólo por llevar la contraria, sino de que se ofrezcan razones de peso para impulsarla, se certifique el carácter objetivo de la clasificación y se minimicen los impactos nocivos del decreto para el consumidor, todo lo cual sigue pendiente y podría transformarse en ley próximamente.
La controversia causada por la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones gira, concretamente, en torno a los artículos 145, 189, 190, 192, 194 y 197. Éstos facultan a los concesionarios de telecomunicaciones, incluido Internet, para suspender el acceso a ciertos contenidos a petición explícita de los usuarios con mediación de las autoridades, es decir, será posible bloquear elementos cuando el gobierno lo considere necesario.
Otros de los citados artículos obligan a los concesionarios a divulgar datos de ubicación de dispositivos relacionados con investigaciones judiciales, a permitir la intervención de comunidades bajo el mismo pretexto, a llevar registros detallados de la naturaleza de las comunicaciones, su origen, duración, etcétera, así como a suspender la prestación de servicios cuando así lo instruya la autoridad.
Luego del airado rechazo por parte de la opinión pública, Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, aclaró ayer que todo lo relacionado con Internet quedará fuera del proyecto de ley.
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