El año pasado, la industria y los jugadores supimos del lamentable caso de swatting que terminó con la vida de un ciudadano de Wichita, Kansas, que ni siquiera tenía que ver con el conflicto que originó todo. Desde ese momento y hasta ahora, se condenó enérgicamente lo sucedido y las autoridades norteamericanas están tratando de que un incidente similar no suceda. Es por eso que los 3 implicados en el caso han sido acusados formalmente y se confirmó que enfrentan cargos federales.

Según un reporte de PCGamer, Tyler Barris, encargado de realizar la llamada falsa que alertó a la policía de Wichita, junto con los jugadores Casey Viner y Shane Gaskill enfrentan cargos federales tras lo sucedido. De inicio, se sabe que Tyler Barris, quien fue detenido a los pocos días y actualmente se encuentra en prisión, enfrenta cargos federales, además de los estatales que incluyen homicido culposo, por hacer reportes falsos a servicios de emergencia, acoso cibernético, amenazas y fraude electrónico. Como sabes, Barris recibió la llamada de un jugador para que realizara swatting en contra del usuario con quien tenía una disputa, lamentablemente, el usuario que sería afectado dio una dirección falsa y la policía de Wichita acudió al domicilio donde un malentendido provocó que Andrew T. Finch fuera asesinado por un elemento del grupo de seguridad.

Pese a que Barris está en la cárcel enfrentando un proceso, las acciones de la autoridad no han quedado ahí pues ahora los 2 jugadores que iniciaron la disputa tras una partida de Call of Duty sancionada por el sitio UMG Gaming, Casey Viner y Shane Gaskill, también enfrentan cargos federales tras lo sucedido. Viner, quien pidió ayuda a Barris para llevar a cabo el swatting, enfrenta cargos por fraude electrónico, conspiración para realizar reportes falsos a servicios de emergencia, obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir acciones de la justicia. Por su parte, Gaskill, quien dio la dirección falsa, enfrenta cargos federales por obstrucción de la justicia, conspiración para obstruir acciones de justicia y fraude electrónico. La situación penal para los implicados, que se agrava por la muerte de Andrew T. Finch, podría terminar con multas por $250,000 USD y muchos años en prisión.

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